En las últimas semanas los interinos han ocupado portadas de periódicos y cabeceras de telediarios debido a la aprobación de un real decreto que trata de solventar la precariedad que atraviesan dentro del sector público. ¿Pero qué son los interinos?
Empleos temporales precarios también en la administración
Dentro del empleo público existen diferentes tipologías de empleado dependiendo de su vínculo con la administración. Están los funcionarios de carrera, el personal laboral, que puede ser indefinido o temporal, el personal eventual y los interinos. Los funcionarios de carrera prestan servicio de forma permanente a la administración, los eventuales son más conocimos como cargos de confianza o asesoramiento y finalmente los interinos, que realizan de manera temporal, funciones que desempeñan los funcionarios de carrera en sustitución de éstos debido a diferentes causas.
Las razones por las son la existencia de plazas vacantes que no puedan ocuparse por funcionarios de carrera, la sustitución de los titulares de la plaza por un tiempo determinado, la ejecución de programas de carácter temporal o por un exceso de tareas que requiere de más personal en función pública.
Los interinos forman parte de las bolsas de reserva
Un interino accede al empleo público gracias a pruebas que son de carácter también público. Un ejemplo conocido es el del profesorado interino. La bolsa de reserva está formada por el grueso de personas que no han conseguido una plaza fija pero que están dispuestas a desempeñar las mismas tareas en sustitución del titular que no pueda hacerlo. A lo largo del año se van sucediendo bajas por diferentes motivos entre los profesores titulares que van siendo ocupadas por el profesorado interino.
Dependiendo de las profesiones esta situación de interinidad se puede alargar mucho en el tiempo. El porcentaje de empleados interinos es del 30%, por encima de la tasa de temporalidad en el sector privado (24%). El gobierno, en su plan para reducir la temporalidad se ha propuesto bajar hasta el 8% el número de empleados públicos temporales.
Objetivo del gobierno: bajar del 30% al 8% el porcentaje de interinos de la administración
Con esta idea se aprobó recientemente el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Existe un mal endémico en la función pública de nuestro país que es la lentitud en la aprobación de nuevas plazas de empleados públicos. Esta es una de las principales razones que se señalan por las que en los últimos años se ha perdido un 22% de los empleos públicos, según los datos que facilita el propio ministerio. Se produce una baja tasa de reposición, es decir, los funcionarios que se jubilan no son sustituidos por el mismo número de incorporaciones por lo que se recurre al empleo público temporal con el consecuente incremento obligado de este tipo de contratación.
Por otro lado, el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ya recriminó a España por la inequidad entre empleados fijos y temporales en la administración pública.
Europa apremia a España a reducir la temporalidad
La reducción de la temporalidad en el sector público es uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nuestro país presentó a Bruselas para poder afrontar la crisis sanitaria y económica. La liberación de los Fondos de Recuperación tiene que ver con el cumplimiento de este plan. Mediante un decreto-ley el gobierno ha conseguido iniciar el camino de la restitución de los derechos de los empleados públicos interinos. Esta ley garantiza que el tiempo máximo de interinidad será de tres años. También garantiza que la cobertura de un puesto de manera temporal no podrá superar un trienio, ampliable a otro año más. O que, por exceso o acumulación de tareas solo se podrá tener un contrato de interinidad por nueve meses dentro de un periodo de 18 meses.
¿Qué ocurre con los interinos que llevan siéndolo más de diez años?
Además, tras el acuerdo con CCOO, UGT y CSIF se ha conseguido incorporar para el proyecto de la futura ley a aquellos funcionarios con más de diez años ocupando la plaza. Estos trabajadores públicos no tendrán que examinarse para conseguir su plaza fija y bastará con un concurso de méritos.
El gobierno se compromete a aprobar esta ley en octubre. Unas 300.000 plazas saldrán a concurso (los sindicatos aseguran que son necesarias 800.000) antes de 2024 para que los interinos que llevan más de tres años puedan examinarse y conseguir su plaza fija. Finalmente, el examen no será eliminatorio. Aquellos que no la aprueben recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Además, serán incorporados en una bolsa para que puedan volver.
