En el año 2020 había 1.933.400 personas con diversidad funcional en edad de trabajar en España (tenían entre 16 y 64 años). Pero no todas las personas con discapacidad pueden desempeñar un puesto de trabajo, el 61,2% son inactivas por razón de su discapacidad. La población activa, aquellos que sí pueden, y han estado ocupados o parados fueron 663.900, un 4% más que el año anterior (2019). Son buenos datos, pero todavía queda mucho recorrido de mejora en el camino hacia la igualdad de oportunidades.
El empleo como garante de una vida decente y autónoma
El empleo decente y de calidad es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, según señala el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Pero las situaciones de discriminación en el mercado laboral de quienes tienen una discapacidad se producen a diario. Por este motivo la organización ha pedido a la ONU que se refuerce el papel de las empresas de iniciativa social como son las cooperativas o los centros especiales de empleo.
Los centros especiales de empleo son las entidades que emplean a un mayor número de asalariados con discapacidad. Se trata de empresas orientadas a producir bienes y servicios que aseguran un trabajo remunerado a este colectivo. Gracias a este enfoque, quienes tienen una discapacidad adquieren conocimientos y habilidades orientados al mercado laboral. En muchas ocasiones sirven para la integración en el empleo ordinario.
El CERMI propone un mayor apoyo a las iniciativas sin ánimo de lucro del tercer sector
Existen otras medidas destinadas a proporcionar empleo a personas con discapacidad. Por ejemplo, los centros especiales de empleo forman parte de los enclaves de empleo, una fórmula que vincula una iniciativa social sin ánimo de lucro con una empresa del mercado ordinario de trabajo (empresa colaboradora). Por otro lado, la ley española obliga a que aquellas empresas de más de 50 trabajadores, tanto públicas como privadas, reserven un 2% de los puestos a personas con diversidad funcional.
El CERMI cree que se debe incentivar la creación y sostenimiento de estos centros de iniciativa privada. La propuesta es hacerlo mediante apoyos y ventajas por parte de los organismos públicos. Se trata de la mejora con la que quieren contribuir a la redacción de una Observación General sobre el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo es el que hace referencia al derecho a un empleo digno para las personas con discapacidad.
Los centros especiales de empleo contrataron menos durante 2020
Según los datos de ODISMET (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España), los centros especiales de empleo perdieron un 21,5% de contratación en 2020 como consecuencia de la COVID-19. La realidad del colectivo con diversidad funcional en cuanto al empleo dista mucho de ser igualitaria. La temporalidad alcanza hasta un 90% de estas personas asalariadas. Así lo menciona el Informe Olivenza (2019), que elabora el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED). Los tipos de ocupación mayoritarios son aquellos que exigen una baja cualificación y los salarios son, de media, un 17% inferiores al de la población sin discapacidad. Todo ello contribuye a que la calidad de vida de este colectivo esté muy condicionada por su importante precariedad.
Otro de los aspectos que merece mención en cuanto a la empleabilidad de este colectivo es la diferentes oportunidades laborales dependiendo del tipo de discapacidad. Según los datos que acaba de publicar el INE sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad, las personas con deficiencias auditivas son las que encuentran o han encontrado empleo más fácilmente; su tasa de actividad es del 59,9%. Por el contrario, las personas con trastornos mentales son las que más dificultades encuentran a la hora de emplearse. Su tasa de actividad es tan solo del 26,6%.
El incentivo a la contratación mediante bonificaciones de las cuotas a la seguridad social consigue que el número de personas con discapacidad sea mayor. Se produce de dos maneras: a través de las bonificaciones o reducción de las cotizaciones que tiene que pagar la empresa o con contratos específicos de discapacidad. En ambos casos, en 2020 una de cada cuatro personas ocupadas con diversidad funcional estaba contratada gracias a estos incentivos.
