Los Ministerios de Trabajo y Derechos Sociales han firmado un convenio mediante el cual se concreta la voluntad de colaboración entre ambas instituciones para acabar con la precariedad en el empleo juvenil. A través del Injuve y la Secretaría de Inspección de Trabajo se diseñarán acciones dirigidas a informar a la juventud sobre temas relacionados con los derechos laborales y reforzar mecanismos de denuncia de malas prácticas laborales a través del buzón de fraude para avanzar hacia los contratos dignos entre los jóvenes.
Un largo camino hacia los contratos dignos en la población trabajadora más joven
Salarios de 200 euros, contratos de prácticas desempeñando tareas de gran responsabilidad, promesas incumplidas sobre oportunidades laborales tras la beca…el catálogo de agravios sobre el trabajo de la juventud es amplio. Los datos hablan por sí solos.
La temporalidad del empleo de los jóvenes entre 16 y 29 años alcanza el 52% según los cálculos del Informe Juventud en España 2020, elaborado por el Injuve y presentado en marzo pasado. Los contratos eventuales superan casi en treinta puntos al del resto de la población (25,06%, según la última EPA). Y las causas no están en la voluntariedad, precisamente. Un 38% de las personas jóvenes encuestadas para el estudio querría trabajar más.
Coronavirus y gig economy en la precariedad laboral juvenil
Además, la crisis del coronavirus ha hecho estragos sobre el empleo juvenil. Según la agencia demoscópica 40dB el 60% de las personas de entre 16 y 23 años ha visto disminuir sus ingresos debido a la crisis sanitaria frente a aquellos trabajadores que tienen entre 40 y 54 años cuyos ingresos han disminuido en un 50%. Los jóvenes han perdido su empleo en este periodo un 8,5% frente al 5,1% de la población general o reducido su jornada un 48,9% comparado con el 36,8% del resto.
Otra de las características de la precariedad en el empleo juvenil tiene que ver con la gig economy que tiene una presencia mayoritaria en este grupo de edad. Riders y prestadores de servicios de encargos como traducción, redacción, maquetación, diseño, son tareas habituales que buscan sumar ingresos en los vacíos bolsillos de los trabajadores más jóvenes a falta de oportunidades laborales más estables.
El convenio entre el Injuve e Inspección de trabajo
España lidera el ranking de países de la UE con mayor paro juvenil con un 40,1% de desempleo entre los menores de 25 años de ambos sexos. La protección laboral y de acceso al empleo son los objetivos del convenio firmado por Inspección de Trabajo y el Instituto de la Juventud para trabajar por la mejora de las condiciones laborales de la juventud y reforzar su acceso al mercado laboral.
El convenio centra su interés en combatir el fraude en la contratación temporal y parcial. Para ello potenciará el uso del buzón del fraude y el resto de mecanismos de denuncia formal de malas prácticas laborales, competencia de la Inspección de Trabajo. Pero también quiere formar a este colectivo en materia de derechos laborales mediante la elaboración de guías, el lanzamiento de campañas de difusión específicas o la organización de jornadas informativas.
Durante la jornada de presentación de este convenio, la Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que se trata de “un acuerdo que se va a centrar en acabar con los abusos y la precarización laboral que vive la gente joven”.
Por su parte, la ministra de Trabajo ha manifestado que “ser joven no puede ser equivalente a “contrato precario y sin garantías”. Tenemos que romper esa injusta correspondencia entre juventud y precariedad”.
Otra de las medidas que están pendientes de aprobación dirigidas al empleo juvenil es el llamado Estatuto del Becario que pretende regular las prácticas académicas externas de los universitarios para que no se utilicen de forma fraudulenta y garantizar unos contratos dignos.