El pasado martes 27 de julio el Consejo de Ministros aprobó la última convocatoria de empleo público. Se trata de la mayor oferta de puestos en la Administración General del Estado convocada hasta la fecha. Está relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por eso, la mayor parte de las plazas están destinadas a la dirección y gestión de políticas públicas y crecen las orientadas a la transformación ecológica. Además, se tiene en cuenta la necesidad de completar la tasa de reposición.
Las claves de la nueva convocatoria de empleo público
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes 27 de julio, la ministra Mª. Jesús Montero dio las claves de esta nueva convocatoria de empleo público (OEP).
Se sacarán a concurso 30.455 plazas, la mayor oferta vista hasta la fecha. Se trata de casi un 9% más con respecto el año pasado. Y se incluye el acceso tanto por promoción interna como por ingreso libre. Sin embargo, no alcanzan las más de 33.000 plazas que se convocaron en 2019. Aunque en aquella ocasión la mayor parte de ellas estaban destinadas a la estabilización de interinos. Por el tipo de plazas ofertadas, esta convocatoria es la mayor. En cualquier caso, es un buen momento para opositar.
Tras la aprobación de esta convocatoria por el Gobierno se hará público de forma paulatina el calendario de oposiciones. En él se concretarán los plazos y las fechas de examen para cada cuerpo de la Administración.
La distribución de las plazas
De las casi 30.500 plazas convocadas, la mayor parte, 23.491 estarán destinadas a la Administración General del Estado (AGE). Estas se subdividen entre 13.982 de ingreso libre y 9.509 de promoción interna. A su vez, dentro de esta gran categoría, la mayor parte de los puestos se integran en Dirección y gestión de políticas públicas (2.781 plazas). Seguidos de los orientados a la transformación digital. El objetivo es mejorar la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan España 2050. Por eso, parte de los puestos ofertados se inscriben en los grupos de cohesión social, sanidad e infraestructuras y ecosistemas resilientes. El número más bajo de plazas se destina a I+D+i, un total de 721.
El resto de plazas hasta alcanzar el total convocado se destinan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.034 plazas) y a las Fuerzas Armadas (1.920 plazas).
La opinión de los sindicatos
A pesar de que se trata de la mayor oferta de empleo público de los últimos años, los principales sindicatos no son tan optimistas como el Gobierno.
Y es que, según indican, desde 2011 se han destruido en la Administración General del Estado más de 40.000 puestos de trabajo. Esto supone que no se consigue acabar con la tasa de reposición, es decir, con las plazas que quedan vacantes por jubilaciones. Lo que supone que existe un déficit crónico de trabajadores en la Administración pública. En ella, la media de edad de los empleados está por encima de los 50 años. De ahí el caos, denuncian, en servicios clave como el SEPE o Seguridad Social durante la pandemia de la COVID-19. Ni siquiera con la anterior convocatoria de empleo público de mayo de este año se ha conseguido acabar con este déficit.
