«En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir«, con estas palabras, la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, resumió la apuesta firme del ejecutivo por la protección del empleo, dentro de las medidas adoptadas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este plan, que incluye resoluciones en varios asuntos cruciales, fue aprobado de urgencia la semana pasada. Trata de hacer frente al impacto sobre la economía que el conflicto ruso-ucraniano ha ocasionado sobre nuestro país, entre otros.
Despedir por el alza de los precios de la energía estará injustificado
La titular de Trabajo instó a las empresas a no despedir, puesto que ya existen mecanismos para evitarlo. Se refería a la estrategia de los ERTE que han protegido el empleo durante la pandemia, y que ya forma parte del corpus laboral.
Reforzando esa idea, hizo el anuncio de que habrá medidas contundentes para evitarlo, ya que será despido injustificado si las empresas que han recibido ayudas directas por el aumento de los precios terminan despidiendo por ese mismo motivo.
En esa misma línea, tampoco podrán despedir aquellas empresas acogidas a ERTE, tal y como ya ocurría anteriormente por Decreto-Ley.
Unos días antes de este anuncio, las protestas en el sector del transporte llevaron al gobierno a sentarse a negociar medidas urgentes. Se pactó con el sector la modificación de cantidades como el precio del combustible con una rebaja de 20 céntimos por litro (de los que 15 céntimos los abonará el gobierno y 5 céntimos las petroleras), la devolución del impuesto de hidrocarburos a las gasolineras en un mes, un fondo de 450.000 euros de ayudas directas a empresas de transportes de mercancías y viajeros, y el compromiso de elaborar una ley para que en el transporte se trabaje con precios justos.
Control de la inflación mediante la limitación del precio de la energía
Este Real-Decreto y los preceptos que incluye tienen un precedente en lo conseguido por el presidente del Gobierno. Junto con el primer ministro portugués, en una alianza ibérica, ha logrado eludir temporalmente el mecanismo que fija los precios de la electricidad, con el objeto de frenar el ascenso descontrolado del precio de este suministro por el encarecimiento del gas.
Gracias a esta concesión, se podrá poner un tope al precio de esta fuente de energía de la que España y Portugal hacen un uso residual, pero que, sin embargo, condiciona el precio al alza del resto de fuentes. Esta será la forma de controlar la subida de los precios provocada, en gran parte, por el encarecimiento de los costes de la producción.
En cuanto a los sueldos y el poder adquisitivo, la inflación está siendo una variable fundamental en la negociación sobre los salarios en el marco de la AENC (Acuerdo de Negociación Colectiva y para el Empleo), espacio en el que patronal y sindicatos se encuentran negociando. Previsiblemente, este elemento estabilizador aportará una mayor facilidad para llegar a acuerdos.
Por otro lado, una subida de la inflación es especialmente lesiva para las personas más empobrecidas, aquellas que cobran el Ingreso Mínimo Vital. Por esta razón se ha decidido entre el paquete de medidas del plan que haya un incremento del 15% sobre la cantidad que se percibe.
Las agencias de viajes serán la primera actividad en acogerse al mecanismo RED
Las agencias de viajes son la actividad que más está tardando en recuperarse de la crisis del COVID. Con un 30% de empleados en ERTE según los últimos datos, se podrán amparar en elMecanismo Red de Flexibilización y Estabilización del Empleo que estará activo hasta el 31 de diciembre. Durante ese periodo, podrán solicitar expedientes de suspensión del empleo, una vez finalizadas las prórrogas de los ERTE COVID. Las empresas que se acojan deberán cumplir con requisitos como proporcionar formación de sus empleados. A cambio obtendrán un 40% de exoneración en las cotizaciones a la seguridad social.
Se ha anunciado también la distribución de casi 2,5 mil millones de euros provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. A ellos se sumarán otros 383,4 millones provenientes de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para las subvenciones del ámbito laboral que gestionarán las comunidades autónomas.
