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Qué son los Préstamos Renta Universidad y cómo han endeudado a los estudiantes

Más de 5.000 personas que pidieron en su día un Préstamo Renta Universidad (PRU) tienen ahora serias dificultades para pagarlo. Al cierre del año pasado, todavía se debía el 63% del capital que se concedió en su día, que fue de 220 millones de euros. Las condiciones de los créditos fueron cambiando y la crisis agravó la situación. Se está buscando una solución que permita devolver el capital prestado y la condonación de la deuda en los casos más extremos.

Bajo el lema Estudiar no cuesta tanto, 15.629 estudiantes solicitaron de 2007 a 2012 un préstamo Renta Universidad. Han pasado ya 11 años y un tercio de ellos no pueden hacer frente a esta devolución.

Cómo cambiaron las condiciones los Préstamos Renta Universidad

Los préstamos Renta Universidad eran un tipo de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que concedía el Estado a los universitarios para animarlos a realizar formación de posgrado. La campaña empezó en 2007 y finalizó en 2011. Para llevar a cabo esta operación, se contó con entidades financieras con las que el Ministerio de Educación firmó un convenio que no permitía cobrar comisiones o embargar a las personas que no pudieran pagar la deuda.

En la primera convocatoria de estos préstamos, lo que se ofrecía era financiar la matrícula del máster o posgrado; hasta 6.000 euros si era de un año y hasta 12.000 euros si era de dos. Además, se prestaba una dieta mensual de 800 euros. El tipo de interés era del 0% y había que devolver la cuantía adelantada cuando se ingresara en el mercado laboral. Se podía prorrogar la devolución hasta que se alcanzara un nivel de renta de 22.000 euros brutos al año. Para hacerlo había un plazo de 15 años. Si en ese periodo no se podía amortizar, la deuda prescribía.

Tan solo un año después, en la convocatoria de 2008-2009, cambian las condiciones. Sin embargo, el tipo de préstamos mantiene el nombre, lo que resulta engañoso por la difusión que ya se había hecho de las ventajas iniciales. La amortización ya no dependía del nivel de renta futura y la deuda nunca prescribía. Además, se incluyeron intereses en concepto de demora y penalizaciones de hasta 30 euros por cuota mensual impagada. También se pusieron obstáculos a la residencia en el extranjero y se redujo el periodo de carencia. Tal como señala la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad (Afectados PRU), “a pesar de que se mantiene su denominación, se convierten en préstamos mercantiles al uso”.

En qué condiciones se ven los estudiantes que pidieron un PRU y qué se está reclamando

Después de 11 años, ya hay al menos una persona embargada por pedir un Préstamo Renta Universidad. Un juzgado de primera instancia madrileño dictó el pasado mayo una orden general de ejecución por 18.000 euros, de los cuales 4.000 eran en concepto de intereses y costas. No hubo un aviso previo ni notificación alguna, simplemente se le embargó a la deudora su cuenta de ahorros. Este caso se une a otros que, por ejemplo, han querido iniciar un emprendimiento y no han podido porque figuran como morosos, personas que no pueden hacer frente a los pagos porque se encuentran en situación de desempleo, o bien con un empleo precario, o incluso que padecen una enfermedad grave.

El caso de la joven embargada ha sido denunciado por la asociación de Afectados PRU, que ha solicitado la nulidad de la orden emitida por el juzgado de primera instancia. Otras de sus reivindicaciones son que se vuelva a las condiciones que se establecieron en 2007, que se facilite el pago de las deudas y que se condone la deuda en los casos de enfermedad grave o circunstancias extraordinarias. Esta plataforma ya consiguió aplazar la carencia y amortización de los PRU en dos años.

El año pasado se aprobó una proposición no de ley para solventar toda esta situación, pero el Gobierno no llegó a aplicar ninguna medida al respecto. Este verano, Unidos Podemos presentó una proposición de ley en la que se restablece la devolución de los préstamos cuando se alcance el nivel de renta fijado en un principio. Además, no se permite a las entidades bancarias que cobren comisiones o intereses en concepto de demora, ni tampoco pueden incluir a los prestatarios en ficheros de morosos. En los próximos días el Gobierno debe determinar si tramita la proposición o si la veta.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque se ha comprometido a reunirse con la plataforma de Afectados PRU y con el ICO para buscar una solución justa y viable.

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