El Gobierno se  ha comprometido ante Bruselas a realizar una reforma laboral que simplifica los contratos actuales hasta tres. De acuerdo con el documento que ha trabajado La Moncloa, existirían tres tipos de contratos: uno estable, otro temporal y uno de formación. El contrato estable estaría dirigido hacia el conjunto de las actividades. El contrato temporal es para las actividades que tengan esta naturaleza. Y el contrato de formación tiene como objetivo la inserción laboral de nuevos trabajadores.

El plan de recuperación elaborado por el Gobierno, donde se encuentra incluida la reforma laboral que Bruselas exige a España, prevé la llegada de 140.000 millones de euros en fondos europeos.  Gracias a esta cantidad, que proviene del fondo de recuperación europeo Next Generation EU, se desarrollarán importantes reformas, entre ellas la esperada reforma laboral, y grandes inversiones públicas.

En dicho documento, se da prioridad al plan de choque contra el paro juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo, y finalmente, la digitalización de los servicios públicos de empleo. También incluye otras cuestiones como la actuación contra el desempleo juvenil y la reforma de las pensiones. Estos son sus puntos principales:

Actuación contra el desempleo juvenil

El Ejecutivo ha señalado que hasta finales de 2021 se desarrollará un mecanismo de tránsito de ERTE. El objetivo es impulsar la reincorporación de los trabajadores. De la misma manera, ha anunciado los nuevos ERTES estructurales. Se trata de instrumentos alternativos al despido y la alta temporalidad. Los nuevos ERTE contarán con una nueva regulación con un fondo inicial para sufragarlo que se podrá financiar con créditos del fondo europeo.

También promete una modernización de los sistemas de casación (matching) de oferta y demanda, de las bonificaciones y las políticas activas de empleo. Un nuevo sistema que se basará en la digitalización de los sistemas de gestión, y en la aplicación de la inteligencia artificial, para casar oferta y demanda y garantizar un itinerario personalizado de formación, reciclaje y empleabilidad para los trabajadores.

El objetivo es reducir la temporalidad, asegurando que los contratos temporales respondan a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación.

Reforma de las pensiones

Otro de los asuntos de mayor relevancia, es la reforma de las pensiones. El documento redactado por el Gobierno trata la cuestión más polémica: La ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones futuras.

Se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social e incluyen: la separación de fuentes de financiación; la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo; la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas; adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación; la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos; la revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.

Entre otras cuestiones que se tratan, destaca la cuestión fiscal y el empujón a la inversión pública, que se logrará gracias al dinero del fondo europeo. El plan cuenta con casi 70.000 millones de inversión pública presupuestados. Las reformas que están previstas supondrían un crecimiento potencial superior al 2% del PIB.