Por Javier Pérez López, socio de Landwell-PwC

El creciente abandono de determinadas tesis neoliberales inducidas por la necesidad manifestada por los expertos de regular los mercados financieros, la situación de crisis económica global y la creciente alarma social respecto del portentoso incremento del desempleo son motivos más que suficientes para establecer la necesidad de buscar soluciones eficaces que posibiliten el aseguramiento del entramado industrial.

Sin embargo, es obvio que dicho aseguramiento pasa por la reestructuración de los sistemas productivos para adaptarlos a las necesidades reales de la demanda en un momento de bajo consumo.

Dicha realidad convive con unos datos francamente alarmantes. Así, el desempleo del mes de enero de 2009 se cerró un incremento de 198.838 personas (6,35% respecto al mes anterior) y sitúan la cifra total de parados en 3.327.801 desempleados. Desde enero de 2008 el paro se ha incrementado exponencialmente.

En 2008 se presentaron 2.864 concursos de acreedores y 4.719 Expedientes de Regulación de Empleo (entre enero y noviembre, el 35,6% más que en 2007) para 95.066 trabajadores (el 83,5% más).

No obstante, no cabe duda que los expedientes de regulación de empleo son un instrumento eficaz para solventar algunos de los problemas con los que hoy en día se enfrenta el empresario. Así, el grave descenso de la demanda incide directamente en las cuentas de la empresa que empiezan a reflejar pérdidas incluso en aquellas que hasta ahora han presentado balances saneados.

A simple vista parece que no exista otra medida que acudir a ese tipo de procesos en la esperanza de que el ciclo económico remonte en un plazo más o menos breve. Sin embargo, los despidos, si bien en ocasiones ayudan  al reequilibrio de los balances, por sí mismos no garantizan la viabilidad futura de la empresa. Por su parte, los expedientes de suspensión, de notable crecimiento desde septiembre de 2008, no están pensados para situaciones de crisis como la actual.

En consecuencia, el ejercicio responsable de una empresa inmersa en un proceso de reestructuración supone la adopción de medidas que no solo supongan la regulación del empleo sino de otras que acometan los problemas estructurales a través de la negociación colectiva.

Mantener una empresa productiva y rentable es sinónimo de crecimiento y de estabilidad en el empleo. La ley ofrece soluciones para adaptar las jornadas de trabajo a los calendarios industriales o a las necesidades reales de la producción, así como para la implementación de cláusulas de descuelgue salarial,  de modificación de la estructura retributiva e incluso de sistemas de producción que contemplen la polivalencia funcional como un elemento clave del proceso productivo.

Tales elementos deben adaptarse a la actividad de la empresa y merecen especial atención en el momento en que se aborda un proceso de reestructuraciones, pues es en ese momento cuando más se necesita de flexibilidad laboral.

Hace tan solo un año, afrontar un expediente de regulación de empleo suponía la negociación de un plan social y la aportación de un plan de viabilidad que contemplase aspectos financieros y proyecciones de ventas.

Hoy en día, el expediente de regulación de empleo sigue siendo tristemente necesario pero la viabilidad de la empresa requiere, además, del establecimiento de sistemas que aseguren su continuidad bajo la premisa de un mercado cambiante y en crisis.

Ya no basta con soluciones de presente que recorten gastos sino que se requieren soluciones de futuro  que aseguren la pervivencia del tejido industrial y de las empresas que la componen. Tales soluciones solo pueden alcanzarse con reestructuraciones que contemplen únicamente despidos sino la implementación de condiciones laborales flexibles que sean capaces de adaptarse a la realidad del mercado en cada momento de su ciclo.