Hace un año, el Gobierno aprobó la ley 14/2009, de 11 de noviembre. La norma suponía, para los desempleados que hubiesen agotado todo su subsidio de paro, acceder a una prestación extra que quedó establecida en 426 euros mensuales o, el 80% del llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones y que, por aquel  entonces, ascendía a 532,31 euros.

En el momento de su promulgación, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero planteó que, a la espera de la evolución del mercado de trabajo, el programa se extendería por seis meses, a partir del 16 de agosto de 2009. Claro que, teniendo en cuenta que el número de parados apuntados en las listas del INEM no parecía de crecer, el Gobierno dejó la puerta abierta a futuras prórrogas semestrales de la ayuda «teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las perspectivas económicas y la situación de desempleo».

Visto que ninguno de los tres cómputos han sufrido ninguna variación sustancial a lo largo del tiempo, ha habido dos prórrogas: febrero y agosto de este año. Así las cosas, y cuando, a día 31 del pasado mes de agosto, ya se habían beneficiado del subsidio más de 650.000 desempleados, y una segunda prórroga alargaba la ayuda hasta el mes de febrero, comenzaron las cábalas para saber qué haría el Gobierno al final de este nuevo plazo.

Las contradictorias y recientes declaraciones de Valeriano Gómez, nuevo ministro de Trabajo, y Elena Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno  y ministra de Economía y Hacienda— y guardiana de la caja de caudales pública—demuestran que el Ejecutivo no lo tiene claro.

Todo comenzó el pasado día 27 de octubre, después de que el nuevo titular de Trabajo mantuviera una reunión con Mar Serna, consejera de Empleo de la Generalitat de Catalunya. A la salida, en su primera comparecencia pública tras ser nombrado ministro, Gómez anunciaba una nueva prórroga semestral de los 426 euros para febrero, afirmación que, tan sólo unas horas más tarde, ya se matizaba, mediante una nota, emitida desde su  propio Ministerio, en la que se decía que la decisión de prorrogarla se tomará «cuando se haya hecho un balance del impacto y efecto que ha tenido su aplicación y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria que exista entonces».

Además, en caso de aprobarse, lo que sí es más que probable es que se  introduzcan modificaciones en cuanto a cuáles serían los requisitos para percibir la ayuda. Hay que recordar que en la anterior ampliación, el pasado agosto, el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejó fuera de la ayuda a los desempleados sin subsidio de entre 30 y 45 años sin cargas familiares.

Para terminar, y en esa misma notificación ministerial, se añadía que «sería importante que todas estas cuestiones sean abordadas de manera adecuada en el proceso de diálogo social», diálogo que, tras la reforma laboral, parece que el Gobierno quiere reabrir, a la mayor brevedad posible, con patronal y sindicatos.

Golpe de autoridad

Aunque es probable que pusiera algo más que la inspiración en la nota del día 27, a la mañana del día siguiente, con ocasión de su intervención en el Foro Cinco Días, Elena Salgado quiso dejar blanco sobre negro sus  intenciones, al declarar que «no habrá aportaciones adicionales a los Presupuestos para la prórroga». Además, remarcó que, si la hubiera, sólo se haría después de haber probado la eficacia de las ampliaciones dadas hasta ahora y, principalmente, de que hubiera dinero en la caja.

Esa misma tarde, el segundo de a bordo de la ministra, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quiso calmar las aguas. Además de negar la existencia de contradicciones, Campa añadió que «el objetivo principal del Gobierno es cubrir las necesidades sociales. Después ya se canalizará la disponibilidad presupuestaria», que tendría que ser de unos 130 millones de euros al mes, más o menos el 5% del dinero presupuestado para el total de las ayudas al desempleo. Pero todo ello sino se añaden nuevos requisitos para acceder a la ayuda, lo que limitaría el número de  candidatos y del dinero necesario.

Al mismo tiempo que esta sucesión de dimes y diretes se sucedía, y la secretaría general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aprovechaba para decir que «este cruce de desmentidos» no era más que otra prueba de la «descoordinación a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero», ni siquiera desde las bancadas de sus compañeros de UGT encuentra apoyo el nuevo ministro. Y es que hay que recordar que Valeriano Gómez, además de ser miembro del sindicato,  acudió a la manifestación del 29-S.

El mismo 28 de octubre, durante el VIII Encuentro Económico de La Rioja, pidió que la ayuda extraordinaria a los parados sin ningún tipo de cobertura se prorrogue «indefinidamente» y se mantenga en el tiempo de forma «indeterminada» y universal.

Así las cosas, y por iniciativa del presidente del Congreso, José Bono, el 2 de noviembre se ha ampliado, por octava vez consecutiva, el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley por el que se prorrogan las ayudas de 426 euros hasta el 15 de febrero. La norma, que se tramita por el procedimiento de urgencia, deriva del decreto ley convalidado por el Pleno de la Cámara Baja el pasado 9 de septiembre y que ya se está aplicando, si bien todos los grupos, incluido el PSOE, acordaron que el texto se debatiera en el Parlamento para permitir las enmiendas.

A la espera de conocer las del PSOE, varios grupos parlamentarios han avanzado que pedirán que la norma mantenga la habilitación del Gobierno para que, «teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las perspectivas económicas y la situación de desempleo», pueda prorrogar el programa de los 426 euros por más períodos de seis meses.