Tras un amplio periodo de negociaciones que se iniciaba en julio del pasado año entre los agentes sociales que se ocupaban de la gestión de la formación de los trabajadores, finalmente el Gobierno ha aprobado el texto definitivo de la Reforma de la Formación Profesional para el Empleo.

La formación en el ámbito laboral se produce principalmente en dos áreas: en la formación que se imparte en las empresas, esto es, la formación de demanda o bonificada, y en la formación subvencionada que es aquella de cuya gestión se ocupaban principalmente sindicatos y patronal y de la que se beneficiaban tanto empleados como trabajadores en paro.

La partida presupuestaria destinada a la formación para el empleo es el resultado de la recaudación de la cotización de las empresas, que aportan el 0,6% del salario bruto de sus trabajadores y el 0,1% aportado por la nómina en bruto de cada trabajador a la Seguridad Social en concepto de formación.

Novedades en la Formación para el Empleo

La novedad más reseñable de esta reforma en cuanto a la formación de la oferta o subvencionada es que su gestión en todos los casos se realizará en régimen de concurrencia competitiva y solo entre las entidades que impartan la formación conforme a los requisitos establecidos de registro y/o de acreditación.

Hasta ahora los agentes sociales gestionaban el 20% de los ingresos por cuotas de formación que pagaban las compañías. Con la nueva ley, el 100% de los fondos de formación estarán disponibles para que opte cualquier empresa de formación. Este es uno de los puntos de principal desacuerdo entre las partes, ya que se aleja a las organizaciones sindicales y la patronal del control de estos recursos.

Otra de las nuevas propuestas es la implantación del llamado cheque formación. Las comunidades autónomas podrán ofrecer a los desempleados un cheque con el que podrán elegir el centro donde realizar el curso que haya sido previamente seleccionado.

En cuanto a la formación en el seno de las empresas, las principales novedades que define el nuevo decreto-ley, son las siguientes:

  • Las empresas podrán impartir la formación tanto con sus propios medios como a través de la contratación de otras entidades.
  • Las empresas financiarán con sus fondos parte de la formación. En el caso de las micropymes, deberán aportar el 5% de estas acciones formativas a sus menos de cinco trabajadores/as.
  • La formación no se podrá subcontratar.
  • En caso de contratarse de forma externa, estas entidades tendrán responsabilidad solidaria y deberán estar inscritas en el correspondiente registro.

Las prospecciones y detección de necesidades formativas en el mercado laboral será el cometido de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (actualmente Fundación Tripartita). Para el 2015 ya se han establecido las competencias prioritarias. Serán las relacionadas con los idiomas, la ofimática, las TIC, los conocimientos jurídicos y financieros, y la comunicación.

El Gobierno propone también la implantación de la cuenta-formación. Una especie de “vida de formación laboral” que acompañará al trabajador/a y servirá para orientar la oferta formativa para mejorar su empleabilidad.

Con esta batería de medidas el Ejecutivo se propone lograr una mayor eficacia y transparencia en la gestión de estos recursos con el fin de consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación.