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¿Un sistema de pensiones sostenible?

  • 17
    sep
    2012
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Hucha

 

Francisco Isidro Núñez, profesor de finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha dejado caer que, en el futuro, el  Estado podría hacer uso del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. En el durísimo contexto macroeconómico la noticia ha reabierto el debate sobre si la Administración tiene dinero suficiente para seguir pagando, en los próximos años, las pensiones de los españoles.

La cuantía de las pensiones en España alcanzará este año 115.826 millones de  euros, un 40% del total de los gastos del Estado y algo menos de un 10% de  nuestro PIB. ¿De dónde sale este dinero? Afianzado en el Pacto de Toledo (1995), nuestro sistema de financiación de las pensiones es mixto y basado en las propias cotizaciones a la Seguridad Social –que hacen los trabajadores y las empresas– complementadas por las aportaciones estatales provenientes de los impuestos de todos los contribuyentes.

La terrible combinación de las cifras de un paro y cierres patronales crecientes  que inducen un descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social –hasta cifras de 2004–, unido al incremento de pensionistas, nos lleva a un preocupante ratio de afiliados por pensionistas de tan solo 2,05, el nivel más bajo de la última década. Buena parte de la sostenibilidad de nuestro actual sistema depende de este ‘numerito’.

La ‘hucha’ –el Fondo de Reserva– tiene acumulados cerca de 68.000 millones de euros que aportan una cierta tranquilidad, pero es obvio que la base de la financiación, esa proporción afiliados-pensionistas, en el mejor de los casos, no disminuirá, y digo esto con la boca pequeña, ya que las dos variables que inciden directamente en la misma –creación de empleo y aumento del número de pensionistas– inducen a pensar justamente lo contrario.

Con estas perspectivas –salvo una reforma estructural del sistema de pensiones hacia menos garantías y prestaciones, sobre el que todos los partidos expresan su firme compromiso de mantenerlo–, ha de ser el Estado el que aporte el déficit de financiación, vía presupuestos.

Y en ese cometido, el propio Estado, de manera irrenunciable, tendrá que ayudarse proponiendo reformas que, aun no siendo estructurales, pasen por alguna o todas de las siguientes vías, asumiendo, claro está, sus ‘efectos secundarios’ en la economía: retrasando la edad de jubilación; modificando las bases o tarifas de cotización; y liberalizando una parte del sistema para dar entrada a fondos de pensiones privados.

No obstante, sin atreverme a fijar un ‘deadline’, sí les digo que ‘para todos ya no hay’, conclusión ésta que probablemente ya intuían antes de leer el artículo.

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