Fátima Báñez,  Ministra de Empleo y Seguridad Social,  ha anunciado nuevas medidas para atajar la temporalidad. Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social comunicó la propuesta que hará a patronal y sindicatos en la Mesa para la Calidad en el Empleo que se reunirá próximamente para penalizar la eventualidad injustificada.

Actualmente, cuando en una empresa se detecta que hay una contratación temporal en fraude de ley, es decir, sin causa justificada se impone una sanción independientemente de las personas que se vean afectadas. La propuesta de la Ministra es penalizar cada contrato que incumpla.

“Un atentado contra los derechos más básicos de los trabajadores”

La titular de la cartera de Empleo ha manifestado que el abuso de la temporalidad constituye un atentado a uno de los derechos más básicos de los trabajadores y se incurre al hacerlo en competencia desleal respecto a la “gran mayoría de empresas de este país que sí cumplen con la ley”. Y es que, según algunas estimaciones, la contratación temporal frente a la indefinida reduce los costes laborales en aproximadamente 8.000 euros de media por trabajador.

La tasa de temporalidad española es una de las más altas de Europa con un 26,7% según los datos oficiales más recientes. Y no es solo debido a una característica de nuestro mercado laboral de marcada estacionalidad (meses en los que aumenta mucho el empleo por causa de la temporada turística). Es que solo un 36% de los nuevos contratos eventuales que se crean corresponden a nuevas contrataciones, el resto de contratos son renovaciones de temporales finalizados.
Otro dato significativo es el número de contratos de cortísima duración (aquellos que duran menos de cinco días). Suponen un 26% del total de los contratos temporales.

Con el objetivo en el horizonte de que el contrato de referencia sea el indefinido, la Ministra ha recordado la propuesta para la Mesa de Calidad de simplificar la contratación. Plantea dejarlo en tres modalidades: indefinido, temporal de indemnización progresiva y formación. La novedad estaría en los dos últimos casos. En el caso de los contratos temporales se impondría una indemnización por despido que permitiera en tres años de contrato equipararse a la que tiene un indefinido. En el contrato de formación se reforzaría la parte que tiene que ver con la capacitación, ampliándola conforme a lo que cada sector considerara en la negociación colectiva.

Castigo a la temporalidad

Un 24% del empleo público en España es eventual

Pero la temporalidad no es algo exclusivo de la empresa privada. Casi 1 de cada 4 contratos de empleo público en España es eventual. Otra de las propuestas que parte del Ministerio es reducir esta cifra hasta el 8% en 2020 . Según los datos que manejan desde los sindicatos, CCOO en concreto, el reconocimiento por parte de la Administración de hacer fijos a 300.000 trabajadores en tres años da pistas sobre el volumen de contrataciones que se están produciendo en fraude de ley por parte de organismos e instituciones oficiales. Probablemente decenas de miles, aventuran.

De momento al Administración general del Estado ha convocado 4.725 plazas de empleo público que proceden de los presupuestos de 2017, donde algo más de la mitad de las vacantes quedarán reservadas para promoción interna.

Los sectores de la Administración pública más afectados por la temporalidad son la Sanidad (25%), Educación (20%) o en Justicia (20%)

Otras medidas para paliar la precariedad en el empleo

La lucha por disminuir la brecha salarial es otra iniciativa. Algunos países ya han seguido la recomendación de la Comisión Europea en 2014 para reducirla.
Es el caso de Islandia, Alemania o Suecia que pusieron en marcha medidas para sacar a la luz la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en puestos similares.
Actualmente es una información que permanece oculta y, por tanto, hace invisible esta realidad injusta que sufren las mujeres. Las recomendaciones desde la Comisión apuntan a exigir a las empresas a hacer pública y accesible esta información.

Desde el Ministerio de Empleo se propone la creación de auditorías salariales a lo largo de 2018 que detecten este trato discriminatorio en las compañías de más de 250 trabajadores. Para los sindicatos esta medida es insuficiente ya que el 90% del tejido empresarial español está formado por empresas de menos de diez trabajadores.