Con más de nueve millones y medio de pensionistas, el mayor número de la historia y una previsión de incremento de hasta seis millones en las próximas décadas, el debate sobre las pensiones continúa estancado. A finales del año pasado el Gobierno quiso darle un impulso y convocó el Pacto de Toledo (PT), acuerdo que data del año 1995 sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, y creó la Mesa de las Pensiones con los sindicatos para acordar medidas que garanticen el mantenimiento de las pensiones.

Una fórmula que no sale: más pensionistas y menos cotizantes

Entre las principales cuestiones que traen de cabeza sobre la financiación del sistema de Seguridad Social está el envejecimiento de la población. Mientras el número de pensionistas crece, las aportaciones a la caja de la Seguridad Social disminuyen. Las causas son tanto un menor número de cotizantes como la cuantía de las cotizaciones por el efecto de la precariedad y el paro durante los años más duros de la crisis.

Tras una fase inicial en la que se llegaron a acuerdos sobre  la primera recomendación del PT: separación y clarificación de las fuentes de financiación, el debate está ahora centrado en evitar la pérdida de poder adquisitivo de la población que ya disfruta de su jubilación y cómo aligerar la presión sobre la el sistema de financiación de pensiones actualmente fundamentado en las cotizaciones.

Algunas soluciones para actualizar la pensión

Una de las propuestas más controvertidas del gobierno es mantener vigente el Índice de Revalorización de las pensiones (IRP). Este índice se aplica desde el año 2014 y es producto de la Reforma laboral del 2012. Sustituye a la anterior forma de actualización de la cuantía percibida por los pensionistas. Todos los años  las pensiones experimentan una variación al alza, lo más habitual, o a la baja dependiendo de la previsión que se haga del IPC (Índice de Precios al Consumo) lo que permite la consonancia con el coste de la vida.

El IRP busca la sostenibilidad de las pensiones ya que tiene en consideración la presión a la que se ve sometida la caja de la Seguridad Social. Este índice tiene en cuenta los ingresos a esta caja, el número de personas que se benefician de ella y si la cantidad media recibida de las pensiones aumenta. La fórmula resultante con los diferentes pesos de unas y otras variables da lugar este índice, que será el que actualice la cantidad percibida de forma anual. Éstas no podrán revalorizarse por debajo del 0.25%, como ha ocurrido este año en el que el incremento ha sido el mínimo permitido. En definitiva, la actualización tiene que ver más bien con la marcha de la economía y no con una adecuación al coste de la vida.

La polémica en la comisión específica del Pacto surge al considerar que esta cifra se encuentra por debajo del incremento del IPC (Índice de Precios al Consumo) para este año, el anterior referente de actualización. La previsión de este año era del 1%, dato con el que se calcula la carestía de la vida. Significa esto que se produce la bajada de la capacidad de consumo de los pensionistas.

La oposición liderada por el PSOE y Unidos Podemos defienden que es necesario volver al anterior referente de actualización para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la población pensionista. Abogan por engrosar las arcas de la Seguridad Social gracias a la subida de impuestos y no únicamente a través de las cotizaciones como ocurre actualmente.

Las mujeres cobran 450 euros menos de pensión que los hombres

La pensión media en España está en 920 euros mensuales. Este dato hace referencia a la fórmula que indica el valor medio entre la paga más alta y la más baja. La cuestión es que la cuantía más habitual entre los pensionistas es 645 euros al mes. Solo una minoría reciben las cantidades más altas. Pero especial relevancia tiene el dato de la pensión media que cobran las mujeres. La cantidad de media que cobran ellas tras su jubilación pese a los esfuerzos por incrementarla con el complemento de maternidad es de 787,39 euros, 450 euros menos que la media de los hombres situada en 1.237,77 euros por mes.

Desde partidos y sindicatos se pide la reanudación del debate y el avance el acuerdo de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2011. Se trata, en primer lugar la separación y clarificación de las fuentes de financiación, en lo que se ha llegado ya a acuerdo. Después el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, cuestión en la que se centran actualmente las deliberaciones y por último el Fondo de Reserva, los excedentes de la caja de la Seguridad Social, en el que los criterios de seguridad y solvencia serán los que primen durante la negociación.