Si es un profesional sin titulación, ha llegado el momento de certificar su experiencia laboral. El Gobierno quiere frenar la elevada cifra que alerta de que el 60 por ciento de la población activa en España no cuenta con una acreditación reconocida de su cualificación profesional. Además, existe un volumen importante de aprendizaje no formal cuya falta de reconocimiento, en especial en colectivos como mujeres, inmigrantes o desempleados, puede provocar situaciones de deficiente transición en el mercado laboral con el consiguiente riesgo de exclusión.

En abril de este año, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, anunció la puesta en marcha del programa Acredita, con el que hasta 60.000 personas podrían convalidar sus años de trabajo por módulos de Formación Profesional. Esta iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Trabajo, dio prioridad a trabajadores de los sectores de Hostelería y Turismo, Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Educación Infantil y Dependencia, es decir, sectores que hoy están generando empleo. Estas plazas ocupan el 75% del total, correspondiendo a las comunidades autónomas decidir en qué sectores convocan el 25% restante en función de sus necesidades territoriales.

Mediante esta iniciativa, lo que se pretende es evaluar las competencias profesionales que los trabajadores han adquirido gracias a «la universidad de la vida» para poder así acreditarlas oficialmente. Rafael Rodríguez, director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), explica que, por el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral, «los trabajadores y las trabajadoras mejorarán sus oportunidades laborales y de movilidad y les incentivará para completar su formación permanente». Además, los desempleados también podrán incrementar su cualificación profesional por este procedimiento y «de este modo, lograr una mayor y mejor empleabilidad», añade.

Asesoramiento

Para poder participar en este procedimiento, hay que tener los 18 años cumplidos para acceder a unidades de competencia de una cualificación de nivel I o 20 años para inscribirse en unidades de competencia de nivel II y III. Según el Catálogo Nacional de Cualificaciones, las de nivel I son las contenidas en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, las de nivel II son las incluidas en los ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y, por último, las de nivel III son las propias de los ciclos de Grado Superior.

Además de esto, se ha de demostrar una experiencia laboral relacionada con las competencias que el candidato quiera acreditar o una formación especializada en la materia. Si se cumplen los requisitos establecidos, los candidatos pasarán a la denominada fase de asesoramiento, «sin duda, la más importante», según asegura Cristina Miranda, portavoz del Grupo de Investigación de Educación Social (GIES) de la Universidad de Las Palmas.

El asesor realiza un estudio individual y personalizado de cada candidato, aunque también puede hacerse de forma colectiva. Recopila toda la documentación que le facilita el interesado –cursos, experiencia laboral acreditada, certificaciones de empresas…– «y hace un diagnóstico inicial de su situación», explica Miranda. Pero añade que en España existe un  hándicap que dificulta un poco este proceso, pues todavía no existe «una cultura de acreditación por parte de la empresa». Es decir, el trabajador tiene su vida laboral, a lo sumo una carta de recomendación, «pero no tiene un documento que informe exactamente de qué competencias ha desempeñado en la empresa», explica Miranda.

Una vez concluido el informe del asesor, se trasladará a la correspondiente comisión de evaluación en caso de ser positivo. «Si es negativo, se le indicará al aspirante la formación complementaria  y los centros en los que podría recibirla», explica Rafael Rodríguez.

Aun así, el informe de los asesores no es vinculante, por lo que el aspirante podrá decidir si pasa o no a la fase de evaluación. «Es en esta etapa del proceso donde los profesionales han de demostrar las competencias para las que se solicita acreditación», añade el presidente del INCUAL.

Asimismo, y según recoge el Real Decreto 1224/2009, que regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, para la evaluación se emplearán los métodos más apropiados a las características de cada candidato y en función de la unidad de competencia a evaluar.

Por último, tiene lugar la fase de acreditación, por la cual se expedirá un documento acreditativo por cada una de las unidades de competencia que se hayan superado: un título de Formación Profesional –si se han superado  todas las unidades de competencia que conforman una cualificación profesional– o un Certificado de Profesionalidad –si solo se han superado algunas de estas unidades–. La gran diferencia entre ambas acreditaciones es que los títulos de Formación Profesional tienen validez académica y profesional, por lo que permiten continuar hacia otros niveles del sistema educativo, tanto Bachillerato como estudios universitarios. Sin embargo, los certificados de profesionalidad los concede la Administración Laboral, ya que no corresponden al sistema educativo. Aunque sí acreditan la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.