La Ley de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral ha sido publicada en el BOE el pasado 10 de septiembre. Entrará en vigor el próximo 10 de octubre. Lo primero que se ha modificado es el propio nombre; la que hasta ahora ha sido conocida como formación de demanda o bonificada pasa a denominarse formación en la empresa.

Tanto desde Gobierno como desde el resto de administraciones y agentes sociales se ha considerado necesaria una modificación de la ley que regula la formación de los trabajadores. La anterior ley se considera insuficiente para afrontar la necesidad de formación que impone un mercado laboral cada vez más inmerso en las nuevas tecnologías. Y no solo eso. La buena gestión de la formación en las empresas ha quedado en entredicho tras la aparición de varios casos de fraude relacionados con estos fondos financiados con dinero público.

Esta ley también ha generado una larga negociación por parte del Ministerio y los agentes sociales (patronal y sindicatos), pero finalmente parece que se ha llegado a un consenso mayoritario, que el Ministerio fija en el 90% de los votos en el Congreso y el Senado, y la aportación de todos los grupos parlamentarios a la redacción del texto definitivo.

La formación en la empresa engloba todas las actividades formativas que se ofrezcan desde la empresa. La estructura se mantiene, siendo la otra parte del aprendizaje durante la vida laboral todas aquellas iniciativas de formación encaminadas a mejorar el currículum formativo tanto de ocupados como de desempleados, esto es, la formación de oferta.

Modificaciones en la formación en la empresa

  • La financiación de la formación en la empresa se realiza a través de la bonificación a las empresas de las cuotas de formación que cada empresa abona por trabajador. Las grandes empresas reciben una bonificación del 50% de estas cuotas, las medianas y pymes hasta el 100%, y las que tienen menos de cinco trabajadores tienen un crédito para formación de 420 euros anuales (este importe se verá modificado dependiendo de los presupuestos generales).
  • La formación puede realizarse con los recursos propios de la empresa, pero también podrá contratarse. Las organizaciones que quieran impartir formación deberán estar registradas en un archivo creado para tal fin. También como novedad, en la reciente Ley habrá una mayor responsabilidad por parte de la entidad proveedora de la formación ante un caso de fraude. Tendrán responsabilidad solidaria y no podrán subcontratar a terceros.
  • El diseño y la detección de las necesidades formativas de cada sector será cometido de las organizaciones patronales y sindicales y de otras entidades relevantes, como las que agrupan los intereses de los autónomos.
  • La sustitución de la formación a distancia por la teleformación. Esta pretende ser una de las medidas encaminadas al control del fraude, ya que la formación online es más fácil de controlar. La teleformación entrará en vigor a partir de enero del 2016.
  • Se creará una unidad especial para la detección y sanción del fraude dependiente del Ministerio de Trabajo.
  • Se crea la cuenta-formación con el fin de acreditar el historial de formación de cada trabajador. Una especie de vida laboral de formación.

 La formación subvencionada

  •  La principal modificación con esta Ley ha sido la gestión de los fondos de formación subvencionada. La gestión de los fondos obtenidos por formación, que suponen aproximadamente el 20% del total de la recaudación de las cuotas, estará abierto a la libre concurrencia. Cualquier centro acreditado puede optar a la gestión de ese dinero. Anteriormente, ese era el negociado de las organizaciones patronales y sindicatos.
  • Se da vía libre para el desarrollo del cheque de formación por parte de las comunidades autónomas. Los desempleados podrán elegir en qué centro desean recibir la formación para mejorar sus competencias.