A principios de año, la Junta de Andalucía devolvió a sus trabajadores públicos la jornada de 35 horas semanales que consiguieron en su día. En verano, el Ejecutivo recurrió esta medida y, hace unos días, el Tribunal Constitucional admitió el recurso y rechazó la medida aplicada por la Junta. Sin embargo, esta no ha cejado en su intento de recuperar la jornada. A día de hoy, la situación todavía no se ha resuelto.

Los trabajadores afectados por este vaivén de horarios son más de la mitad de los que prestan servicios a la Junta. Una parte importante pertenece al Servicio Andaluz de Salud y, durante el curso 2017/2018 se preveía que repercutiera también en el personal docente, que reduciría su jornada de 20 a 18 horas semanales. Excluidos quedaban los empleados que dependen de la Consejería de Justicia e Interior.

Por qué se vuelve a reclamar la jornada de 35 horas semanales

La jornada de 35 horas semanales es un derecho que se adquirió en 1999. La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado acabó con esta concesión. La intención de varias comunidades y ayuntamientos ha sido recuperarla. La pionera en exigirlo fue Castilla-La Mancha, a la que siguieron Euskadi y el Ayuntamiento de Madrid. Todas estas propuestas han sido recurridas por el gobierno central, al que el Tribunal Constitucional ha dado la razón en todos los casos (aunque queda pendiente el del País Vasco).

Además de porque era un derecho conseguido que luego fue retirado, otra de las razones que avalan la decisión de la Junta de Andalucía es que se han creado 7.000 puestos de trabajo para cubrir las dos horas y media que los funcionarios hacían de más. Susana Díaz ha asegurado que este personal no perderá su puesto.

Funcionario de Andalucía

Qué argumenta el gobierno central contra la jornada de 35 horas semanales

Cuando en 2012 se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que se pretendía con el aumento de la jornada a 37,5 horas semanales era una contención del gasto público. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha mostrado dispuesto a devolver este derecho a todas las comunidades autónomas por sectores, empezando por el sanitario y el educativo. Sin embargo, el de Economía, Luis de Guindos, se opone por considerar que, de admitirlo, no se conseguiría cumplir con las exigencias en gasto público impuestas por la Unión Europea.

Otro de los argumentos que se han argüido en contra de la reducción es que se produce un agravio comparativo frente a los trabajadores de la Administración General del Estado, que nunca han podido disfrutar de esta reducción.

El Tribunal Constitucional da la razón al Ejecutivo apoyándose en la consideración de que es a este a quien corresponde legislar en materia laboral sobre las comunidades. Para ello, se ha amparado en el Real Decreto-ley 4/2012 y, en materia de educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos, además de en la ya mencionada Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado.

Cuál ha sido la respuesta de la Junta de Andalucía

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con el aval de los sindicatos, ha planteado aprobar un decreto que minimice la acción de sentencia del Tribunal Constitucional. Consistiría en computar dentro de la jornada laboral el tiempo que dedican los funcionarios a planificar y pensar en su trabajo diario cuando ya no se encuentran en sus puestos. Este tiempo se ha calculado como 2 horas y media, es decir, justo la diferencia de las 35 a las 37,5 horas que estipula la Ley. Así pues, los trabajadores cumplirían 35 horas de trabajo presencial y 2,5 horas de trabajo en sus casas.