Las circunstancias están llevando a España a mirarse en el espejo alemán más que nunca (y más de lo que a muchos les gustaría). Una de las medidas que lleva años intentando trasladarse del modelo germano al español es la del contrato alemán. El plan, que ya se practica en varios estados europeos, intenta evitar que los empresarios despidan a sus trabajadores. ¿Por qué se están imitando en la actualidad otras acciones de reforma laboral alemanas en nuestro país y, en cambio, la del contrato reducido no encaja?

El llamado ‘Kurzarbeit’ (o lo que es lo mismo, ‘trabajo corto’) consiste en una reducción de jornada laboral – y, por tanto, también de salario-, que logra frenar la destrucción de empleo. Para evitar que sea el trabajador el que pierda poder adquisitivo en exceso, se complementa parte del sueldo original con un ayuda estatal. Además, un porcentaje de esas horas no trabajadas se dedicaría a la formación de los empleados.

En 2009 parecía la solución perfecta para la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, y para el anterior ministro de trabajo, el socialista Celestino Corbacho. En pocos meses esta opción quedó reducida a un mero espejismo. Y eso a pesar de lograr un imposible. Uno de los grandes atractivos de este contrato alemán era su capacidad para poner de acuerdo a patronal y sindicatos, a los que siempre les ha parecido una buena medida para adaptar.

Es evidente que las realidades políticas, sociales y económicas del país gobernado por Angela Merkel y el dirigido por Mariano Rajoy son completamente dispares. Para empezar, los expertos apuntan a que la crisis a la que se han enfrentado las empresas alemanas ha sido temporal, mientras que los problemas en el sistema español se saben que son estructurales y que van más allá de un ciclo económico poco afortunado, o del partido político que se sitúe en el poder. Una solución así es viable en otros países, como en el caso sueco, que muestra una gran confianza en la capacidad de recuperación de sus empresas. Allí se transforma esa ayuda estatal en un préstamo a la entidad privada que se encuentre en apuros. Esa ayuda será devuelta con intereses una vez solventados los problemas, así se garantiza que la medida no afecte de forma negativa a los presupuestos generales del Estado. ¿Podrían las empresas españolas afrontar en un futuro próximo el pago de un préstamo estatal y, a su vez, mantener a esos trabajadores a largo plazo? La gran mayoría de los expertos consideraron que no sería posible: la salvación española pasaba por una reforma laboral completa.

Un estudio de Jesús Fernández-Villaverde (Universidad de Pennsylvania) y Luis Garicano  (London School of Economics) apunta a que otro de los riesgos posibles sería el del fraude. Para evitarlo, las empresas que reciban el subsidio deberían cumplir ciertos controles. En caso de que el empleo se reduzca después de entrar en el programa se debería obligar a las empresas a devolver el subsidio (o parte de él), sugerían.

En definitiva, la cantidad de cambios legales y ajustes que requería aplicar esta medida retrasaba de tal forma su aplicación que sus posibilidades de éxito eran muy escasas. Los juristas tampoco encontraron en la llegada del contrato alemán una opción viable. Prueba de ello es que en algunas partes de España, especialmente en Canarias, se ha seguido insistiendo en el modelo hasta no hace mucho. Los resultados no han sido muy favorables.