El nuevo gobierno ha puesto en marcha un mecanismo de control e inspección orientado a luchar contra la precariedad laboral. El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 que fue aprobado el viernes pasado en Consejo de Ministros a iniciativa de la titular de la cartera de Trabajo, Magdalena Valerio, pretende restablecer los derechos perdidos de los trabajadores de durante la crisis económica.

Dos frentes: contratación temporal y parcial

Las medidas se pondrán en marcha de inmediato, a partir de este mes de agosto. Se abordará en dos frentes diferenciados: perseguir el fraude en la contratación temporal e impedir el uso abusivo de los contratos a tiempo parcial.

Para afrontar estas normas se ha dotado al plan de un incremento del 10% del presupuesto asignado a esta partida. El dinero dedicado a la Inspección laboral llevaba congelado desde el 2012. Además del presupuesto, está previsto engrosar las filas de inspectores y subinspectores gracias a nuevas convocatorias de empleo público para esta finalidad que garanticen un 100% en la tasa de relevo, es decir que las plazas que quedan libres por jubilación sean totalmente reemplazadas. En concreto se fija el aumento de la plantilla en 833 puestos.

El Plan está integrado por 75 medidas orientadas a detectar y sancionar el fraude en la contratación en dos frentes, tanto de empleo temporal como en las contratación parcial.

Contratación temporal y parcial

Actuaciones concretas en colectivos vulnerables

El programa del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social cuenta con acciones específicas en determinados colectivos de especial vulnerabilidad y cuyos derechos se han visto dañados durante los años de la crisis. En concreto, incluyen actuaciones en el sector hotelero, para las kellys o la seguridad privada. Contempla también operaciones encaminadas a reducir la brecha de género en materia salarial y a perseguir la mala práctica en determinadas empresas de trabajadores convertidos en falsos autónomos dentro de la llamada economía colaborativa.

Este proyecto gubernamental tiene prevista la visita a los centros de trabajo de inspectores laborales en horarios donde se producen de manera frecuente estas prácticas injustas, es decir en horarios de fin de semana, turnos de noche con el fin de garantizar que se cumplen las normas y derechos de estos trabajadores. Durante esta primera fase se hará un refuerzo de efectivos en la inspección laboral en las comunidades de Baleares y Canarias, lugares donde se concentra el negocio turístico y, por lo tanto, donde proliferan las denuncias  de fraude en materia laboral.

Sancionar para disuadir

En cuanto a las sanciones el plan pretende revisar el cuadro de multas con el objetivo de que sea disuasorio de conductas que atenten contra el derecho de los trabajadores. Hasta ahora las sanciones sobre el fraude en la contratación temporal se limitan a la conversión de contratos temporales en indefinidos sin mayores consecuencias para la empresa. Con este programa se pretende endurecer las multas para evitar estas prácticas fraudulentas en vez de actuar una vez instauradas.

Para los principales sindicatos este plan ha realizado un buen diagnóstico de la situación pero no cuenta con recursos suficientes para llevarlo a la práctica de una forma eficaz.

El gobierno ha previsto un seguimiento semestral de los efectos que vayan produciendo las disposiciones adoptadas. Los planes de choque contra el empleo precario, temporalidad y parcialidad, serán revisados en enero de 2019 y dentro de un año, en julio de 2019 se hará una evaluación general de los resultados conseguidos.