Las universidades son los lugares donde más materiales digitales -educativos, académicos y científicos- se producen y reproducen; siendo, junto con extractos de otros libros, distribuidos entre los alumnos a través de los campus digitales como textos de estudio. Y la inmensa mayoría de dichos contenidos se rige por la norma Open Acces o Acceso Libre. Es decir, que no hay que pagar derechos para disfrutarlo con la idea de que más conocimiento llevará a la creación de más saber, en una especie de círculo virtuoso universitario. Pero este puede estar a punto de cambiar. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de aprobar un anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en que se plantea la imposición de un canon digital a las universidades españolas.

Según la próxima normativa, las universidades deberán pagar por los extractos, artículos, libros o capítulos que distribuyan a través de sus campus virtuales bajo la justificación de cobro por la “reproducción parcial” de obras sometidas a derechos de autor. La encargada de gestionar este dinero sería la entidad privada Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Es importante destacar que mientras que las universidades españolas agrupan a 130.000 docentes y 29 millones de obras, Cedro solo tiene 4 millones de obras en su catálogo y 18.000 socios directos. No está claro cómo repartiría el dinero pero la gestora ha anunciado que ha abandonado su plan de buscar a los autores que no tiene en catálogo, una medida que claramente les beneficia económicamente. Si, como pide Cedro, se impone una tarifa plana de cinco euros por alumno y año, el monto ascendería a 7,4 millones de euros anuales.

El origen de esta reforma hay que buscarlo hace dos años. Cedro denuncia entonces a tres universidades -la Autónoma y Central de Barcelona y la Carlos III de Madrid- por hacer copias digitales de textos sometidos a derechos de autor. El primero en resolverse será el de la Autónoma, en el que Cedro ha intentado reclamar los derechos de clásicos y pensadores muertos hace siglos como Tomás Moro o Montesquieu, además de infiltrar detectives privados en las universidades para que sacaran documentos de los campus virtuales. La universidad ha ofrecido pagar por los derechos de los libros que efectivamente estén en el catálogo de Cedro, pero esta se ha negado ya que entonces reconocería que no ostenta la representación universal de los autores y no podría actuar representación del colectivo.

La conferencia de rectores se opone de plano al canon alegando que ya pagan por los contenidos. Según los últimos datos de la Red de Bibliotecas Públicas, la universidad española se gasta unos 127 millones de euros anuales en textos, 65 de ellos en “acceso a información electrónica”, que suelen contemplar el uso de los mismos con fines educativos. Además alegan que, como dijo el abogado Javier de la Cueva, asesor de la conferencia, al diario LaInformación.com: “Nosotros no somos un bar que pone música, somos el gran creador de propiedad intelectual de este país; además todo el movimiento Open Access lo va a cobrar Cedro”. Y no es que a las universidades ahora mismo les sobre el dinero.