El próximo curso saldrán ofertadas carreras universitarias de tres años. Esta reforma universitaria, que se aprobó el viernes pasado en Consejo de Ministros, tiene sus filias y sus fobias. Veamos qué se propone desde el Gobierno, qué se señala como ventajas y qué objeciones y protestas ha generado.

Según el real decreto aprobado, las universidades que quieran podrán optar por implantar carreras de tres años (180 créditos) y dos de máster, el famoso 3+2. El sistema actual supone cuatro años de grado (240 créditos) y uno de máster. Se deja en manos de las universidades la decisión sobre la duración de sus titulaciones, con la posibilidad de ofertar ambos modelos. En cualquier caso, será necesario alcanzar 300 créditos como antes para acceder a un doctorado.

La intención con esta medida es que la universidad española se equipare a gran parte de los planes de los campus europeos. Esta reclamación es la que vienen pidiendo las universidades catalanas desde que se implantó el Plan Bolonia. Unos planes de estudio equiparados mejoran el acceso al empleo en el panorama internacional. La homologación y convalidación de titulaciones es más sencilla.

Sin embargo, este aspecto de la reforma universitaria ha suscitado un gran debate en el panorama académico. Tanto el Consejo del Estado como la conferencia de rectores (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y de docentes han puesto peros.

Por un lado, se objeta que todos los campus deberían fijar la misma duración para las titulaciones. El Consejo del Estado recoge esta objeción planteada por la CRUE. Sin embargo, el Gobierno considera que eso sería una intromisión en las competencias en materia de educación de cada comunidad autónoma. A excepción, eso sí, de las profesiones reguladas, que tienen su propia normativa.

Por otro lado, coexistirían tres planes de estudios: el pre-Bolonia, el Plan Bolonia y el resultante de la reforma universitaria. Si bien es verdad que a partir de septiembre quedarán extinguidos los planes pre-Bolonia.

Por último, todavía no sabemos los resultados de la implantación del Plan Bolonia, que se estableció de manera generalizada en 2010. El año pasado se graduaron las primeras promociones.

Desde la CRUE se pide una ampliación de los plazos para considerar detenidamente todos estos aspectos, evaluar mejor las conclusiones y llevar a cabo una acción más coordinada entre universidades.

Otra de las principales objeciones es que el estudiante tendrá que pagar más, pues se ha de costear dos años de máster, más caros que los cursos de grado. Las quejas, emitidas principalmente por los sindicatos de estudiantes y docentes, se dirigen a que los títulos de grado se devaluarán en el mercado laboral y será casi obligatorio cursar estudios de posgrado. El acceso al este tipo de formación estará ligado a poder afrontar el desembolso económico, por lo que se limita significativamente el número de estudiantes que puedan permitírselo. Se han producido movilizaciones de protesta contra el real decreto.

La intención del ministerio ha sido que los planes del 3+2 estuvieran aprobados por real decreto cuanto antes para que las universidades vayan preparando las acreditaciones y puedan ofertar grados dentro de esta modalidad a partir de septiembre de 2015.